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¿CÓMO FUNCIONA?

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            En 1999 en Temuco, Chile, estudiar el chateo como una nueva forma de interacción social llegó a ser considerado como un juego ocioso sin importancia analítica en amplios sectores intelectuales y universitarios.   Estábamos  habituados a considerar la interacción humana desde un inicio presencial físico directo, mirándonos a los ojos, oliéndonos, palpándonos, escuchándonos, haciendo uso de nuestros sentidos más  básicos de percepción.  Evidentemente después la relación interactuante podía sostenerse a través de los medios de comunicación requeridos como el teléfono, las cartas, fax, telegrama, etc.

                Pero internet ya estaba silenciosamente estableciéndose como un sustituto interaccional cada vez más frecuente de uso y acceso para la población chilena y mundial. 

Hoy existe una gran mayoría que conoce este medio de comunicación, y a pocos les sorprende que se tengan amistades de distintos puntos del planeta sin haber viajado jamás fuera del país, sino a través de la navegación virtual.

La televisión, a través de pesquisas periodísticas, han dado cuenta al ciudadano  común de los peligros que esta inmediatez comunicacional puede acarrear para la seguridad física y emocional de las personas, especialmente niños y jóvenes, si no hay un adecuado establecimiento de normas conductuales y de cuidado al establecer relaciones sociales por este medio.  Muchos navegantes de internet, mayoritariamente varones con algún tipo de discapacidad social, propician encuentros personales con sus ciberamistades buscando acceder generalmente  a peligrosos juegos sexuales.  Igualmente se han conocido casos de encuentros amorosos que han terminado en homicidios que pudieron perfectamente evitarse si se hubiera conocido del riesgo de embarcarse en juegos ocultistas o de competencia psicótica.

Este sistema constituye posiblemente la ventana tecnológica más importante que el ser humano actualmente posea para conocer.  No basta, por lo mismo, sólo saber manejar el computador  y acceder a las páginas menos riesgosas para nuestros hijos, sino que es necesario interiorizarnos en los conceptos analíticos que hacen de internet el sistema de comunicaciones y de información creado por el hombre más paradojal de todos.

Ahora, las mujeres maltratadas de menores recursos económicos son más visibles debido a que buscan ayuda en las entidades estatales. Suelen tener menores inhibiciones para hablar de este problema al que consideran normal. Las mujeres con mayores recursos buscan apoyo en el ámbito privado. Cuanto mayor es el nivel social y educativo de la víctima sus dificultades para develar el problema son mayores por diversas razones.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que la carencia de recursos económicos y educativos es un factor de riesgo, ya que implican un mayor aislamiento social. 

            En nuestro país la protección de las víctimas se realiza a  través de la solicitud de las medidas precautorias, tanto al momento de hacer la denuncia o presentar la demanda, como durante todo el juicio. El momento más importante para que la afectada las solicite es durante el comparendo. Además, el juez las puede otorgar aunque que nadie se lo solicite.

Las medidas precautorias son órdenes que dicta el juez para garantizar o asegurar cualquiera de los siguientes derechos en caso que se vean amenazados:

ü       Integridad física y/o psíquica de la familia.

ü       Tranquila convivencia del núcleo familiar.

ü       Subsistencia económica del núcleo familiar.

ü       Integridad del patrimonio del núcleo familiar.

ü       Medidas Precautorias

Las sanciones que establece la Ley dicen relación con que Al final del juicio, el tribunal puede aplicar una de las siguientes sanciones al agresor:

• Asistencia obligatoria a programas terapéuticos hasta por 6 meses.
• Multa de 1 a 10 ingresos diarios.
• Prisión de 1 a 60 días.
• La multa y la prisión pueden cambiarse a petición del condenado por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
• Si el condenado no cumple la sentencia, se debe recurrir al mismo tribunal que conoció de la violencia intrafamiliar, señalando en un escrito el incumplimiento y solicitando su cumplimiento forzado. Se debe solicitar en el plazo máximo de 1 año desde que fue condenado.
• No corresponde que el tribunal niegue este cumplimiento aunque haya archivado la causa.
• En caso que el hecho o los hechos en que se fundamente la denuncia o la demanda de origen a un delito, como por ejemplo: Lesiones graves, violación, abusos deshonestos, etc. el Tribunal Civil deberá enviar de inmediato el proceso al Juzgado de Letras en lo criminal competente.
• El Juez del Crimen tendrá la facultad de decretar las medidas precautorias señaladas anteriormente.
• El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un registro especial de las personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada como autores de actos de violencia intrafamiliar.[3]

Ahora bien, debemos considerar que frente a los sucesos de los llamados “femicidios”[4], que son los asesinatos de mujeres a manos de convivientes, esposos u otros varones, de alta envergadura para un país como Chile, donde no eran casos tan comunes al menos a nivel del conocimiento público, Amnistía Internacional propone al SERNAM la modificación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, en cuanto “se han detectado ciertas falencias que deben corregirse. Por ello, el Equipo de los Derechos Humanos de las Mujeres de Amnistía Internacional propuso las siguientes modificaciones a las autoridades:
• Que el delito de maltrato habitual, contenido en la Ley, reconozca todas las particularidades de la violencia doméstica, de modo que no sea necesario recurrir a otros delitos en los casos más graves.

• Que se le dé seguimiento desde la primera denuncia, tomando en cuenta que normalmente transcurren 5 a 7 años antes que las mujeres denuncien y que esperar la calificación de habitualidad puede tener resultados gravísimos.

• Que se encargue el conocimiento y juzgamiento a una única institución, evitando las descoordinaciones o postergaciones debido a otras causas que se consideran más importantes. Actualmente son competentes los Tribunales de Familia y el Ministerio Público, sin la coordinación necesaria. La institución encargada debe contar con los recursos adecuados para el tratamiento de este grave problema, que afecta a toda la sociedad”. [5]
Debemos consignar que la violencia contra las mujeres ha sido denunciada desde los años 80 en nuestro país por el movimiento de mujeres y feminista, y en particular, por las organizaciones integrantes de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual que han sostenido acciones y campañas permanentes destinadas a dar visibilidad y generar repudio social a estas prácticas.

            En la descripción de la Violencia Intrafamiliar (VIF), el  “femicidio”[6], aunque no está consignado como concepto dentro de la ley chilena todavía,  es la expresión más extrema de violencia contra las mujeres, como resultado de la descalificación, el hostigamiento y abuso sexual, la violencia física, emocional y simbólica, como formas de poder y control sobre éstas. Factores claves para identificar cuando se trata de un “femicidio” son la relación entre el victimario y la mujer asesinada, los motivos del crimen, y el contexto cultural, los desequilibrios de poder económico, político y social en que ocurren.  Agreguemos que la 
 mitad de los asesinatos de mujeres en Chile son “femicidios”. Son crímenes cometidos la mayoría de las veces por hombres con quienes esas mujeres tuvieron o tenían al momento de morir, relaciones de intimidad y confianza. 

La misma crónica roja describe que los motivos más frecuentes son los celos, el anuncio de la mujer de terminar la relación afectiva o la negativa de la mujer a tener intimidad con el femicida. En Chile el año 2006 fueron asesinadas 51 mujeres en contextos de violencia intrafamiliar; el mayor porcentaje de estos ocurrió en la región metropolitana, sin embargo, la Tercera y Sexta regiones  alcanzan una mayor tasa de acuerdo a la cantidad de habitantes .

A la fecha, los asesinatos de mujeres (“femicidios”) están contenidos en los delitos de homicidio y parricidio, en los que hasta ahora no se ha registrado el sexo de los agresores y las víctimas; esto ha impedido visualizar y cuantificar estos crímenes de género, resultado de las relaciones de poder entre mujeres y hombres.
            Es más, Las estadísticas de Carabineros indican que en 2005 se registraron 82.596 denuncias por VIF contra mujeres. En 2006, el primer año del gobierno de Bachelet, se elevaron a 94.160. Datos de mayo del Ministerio del Interior revelaron que en el primer trimestre de 2007, la tasa de crecimiento de las denuncias por violencia intrafamiliar (5,5%), superó al aumento –3,2%- del total de los delitos de mayor gravedad (robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza, hurto, lesiones, homicidio, violación) que el mismo período del año pasado.

            En julio de 2001 un estudio del Ministerio de la Mujer (Sernam), daba cuenta de que el 50,3% de las mujeres chilenas había sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Aun así, en junio de 2005, si bien finalmente se aprobó la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, 38 senadores -por unanimidad- despacharon un documento que echó por tierra la tipificación del “maltrato habitual a la pareja” como delito. Ello significó que en los tribunales se siguiera castigando la violencia reiterada contra la mujer con multas… Si se creaba ese delito, se debía modificar el Código de Procesamiento Penal, pero los senadores optaron por elevar el grado de las penas y enviar los casos de violencia psicológica a los Tribunales de Familia y los hechos de agresión al Ministerio Público.

El 2006 los “femicidios” se dispararon a 46 (un promedio de 3,8 mensuales). Y en 2007, con 58 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, las alarmas en todos los niveles se encendieron. La Presidenta de la República, Michelle Bachelet el 24 de octubre lanzó una campaña nacional destinada a provocar la reacción ciudadana y poner fin a la indiferencia frente a la violencia que se ejerce públicamente contra las mujeres. En uno de los spots que se transmiten diariamente y en varias tandas por los medios, se escucha a una mujer que desconsolada le confidencia a su madre que su marido la golpea y la insulta frente a sus hijos. La respuesta es “Y qué habrás hecho tú, ¿no lo habrás provocado con tu carácter…? Qué vas a hacer si él asegura la comida y casa de tus hijos…” Si hasta ese momento las denuncias al número 149 -que conecta con un sitio especial en Carabineros- sumaban 1.243, veinte días después llegaron a 2.194.

            La ley chilena adolece de varios problemas que seguramente poco a poco, al paso del tiempo, los análisis y la premura por la vida de las personas, obligue a apurar el paso de las revisiones y aprobaciones correspondientes.  A todo lo que hemos mencionado, constatamos que además nuestra legislación ha permitido que aproximadamente 2 millones de mujeres son en la práctica incapaces por la ley de administrar por sí solas sus bienes. (Los últimos datos oficiales de agosto de 2007 señalan que un 44,8% de las mujeres chilenas está casada).  Esto, por supuesto, igualmente constituye una variante de la VIF, por cuanto obliga a la mujer a depender económicamente, a causa del matrimonio, de su agresor.

            El 5 de marzo del 2006, Chile con la CIDH en Washington se comprometió a dar urgencia al proyecto de ley que deroga la sociedad conyugal como sistema patrimonial y lo reemplaza por uno de comunidad de gananciales otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones. Sin embargo, el proyecto está congelado desde hace 11 años en el Congreso. Recién la primera semana de agosto 2007 se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado. Ese mismo mes el gobierno pidió que se tramitara con urgencia simple y actualmente está en la etapa de “discusión general”, en su segundo trámite constitucional, en la Cámara Alta.

Pero el problema es mayor. Si una mujer profesional desea invertir su patrimonio en acciones, se le exige un certificado de soltería (declaración notarial con dos testigos que lo acrediten). Un trámite que los hombres no conocen. Las mujeres casadas también deben acreditar que han contraído matrimonio con separación de bienes. Exigencia que no se le hace a los hombres.[7]

En la práctica, las mujeres no pueden administrar ni disponer de sus bienes. Y si bien conservan el dominio, no pueden enajenarlos, gravarlos, darlos en arriendo o ceder la tenencia por sí solas. Sólo los maridos pueden administrar sus bienes y los de la sociedad conyugal.

Desde la especialidad de las leyes, Susan Turner Saelzer (Licenciada) [8] plantea que desde el punto de vista del Derecho interno, la creación de los Tribunales de Familia se enmarca dentro de un proceso más amplio de formulación de un nuevo Derecho de Familia. La etapa actual se caracteriza como una etapa de transición, puesto que coexisten ideas e instituciones antiguas con otras modernas, aconteciendo de esta manera una dualidad de disfuncionalidad que es evidente en la actualidad simplemente argumentando las largas esperas de atención de situaciones ad-hoc. Así, dentro de las primeras, subsiste entre nosotros el matrimonio indisoluble y la incapacidad, aunque ya no formal, de la mujer casada en sociedad conyugal. Renovado, en cambio, se muestra el nuevo estatuto filiativo igualitario, la ley de violencia intrafamiliar, la inclusión del principio del interés superior del niño, entre otros.

El avance que se ha logrado en la formulación de un nuevo Derecho de Familia adecuado a los compromisos asumidos por nuestro país a nivel internacional, se ha plasmado únicamente en el aspecto sustantivo, es decir, en cuanto a los derechos y deberes de los distintos miembros de la familia, a la regulación de las relaciones familiares y a las normas que tienden a proteger y a favorecer la vida familiar. En cambio, desde el punto de vista procesal, no se aprecia avance alguno. Es decir, el tratamiento judicial de los conflictos familiares no ha sido tocado por la tendencia modernizadora y menos por el exigente y cada vez más urgente manejo de los conflictos de este tipo en un mundo globalizado.[9]

Esta falta de concordancia entre los aspectos sustantivos y los procesales del Derecho de Familia, genera un efecto perverso: quita eficacia a los cambios introducidos en el primero y fortalece la percepción social en torno a que las reformas legales son asuntos meramente teóricos que sólo interesan a parlamentarios y a juristas pero que no alcanzan al ciudadano común que, enfrentado a la práctica judicial, no percibe cambio alguno.

La autora argumenta que la Comisión Nacional de la Familia, creada durante el gobierno del Presidente Aylwin, identificó este desequilibrio en su informe final del año 1993, al señalar que muchos de los problemas detectados en el orden familiar apuntan al acceso a la justicia. Entre los factores que inciden en la ineficacia del sistema judicial para resolver cuestiones que se promueven en el ámbito familiar, la Comisión señaló:

a) El atochamiento del sistema.

b) La gran dispersión de reglas, procedimientos aplicables y tribunales competentes en los asuntos de familia.

c) La inexistencia de tribunales especializados.

d) La preponderancia de la lógica adversarial para el tratamiento de los conflictos.

La Comisión planteó, además, como uno de los criterios que deberían orientar un proceso de modificaciones legislativas que recojan la multifacética y compleja realidad de las familias chilenas, la revisión de las normas procesales, las cuales deberían ser abordadas con un criterio de unidad, sobre la base de las particulares características de aquellas cuestiones de connotación familiar.

El conflicto familiar se caracteriza por la posición en que se encuentran las partes durante su desarrollo y una vez concluido. El que las partes tengan alguna relación jurídica previa al surgimiento de la controversia, no tiene nada de particular, desde que esta característica constituye, por ejemplo, la base de la responsabilidad contractual –aduce la autora-.  Dada las particularidades de la problemática familiar se impone la necesidad de buscar nuevos enfoques para su tratamiento que logren una debida correspondencia entre su naturaleza y la decisión jurisdiccional respectiva.

Ahora bien, dada la complejidad del tema en cuestión, el sistema  parental, marido y mujer en sus respectivos roles de padre y madre, se mantiene intacto de tal manera que la forma de intervención del órgano jurisdiccional será determinante para favorecer o por el contrario, entorpecer, la subsistencia del sistema parental.

En la concepción individual, propia de nuestro derecho, se favorece al individuo como centro de la imputación de derechos y obligaciones. Si a ello unimos una causalidad lineal, tenemos que siempre existirá una víctima y un victimario, un inocente y un culpable. De esta manera, se privilegia el litigio por sobre el acuerdo porque se trata, en último término, de defender derechos individuales afectados, relegando a un segundo plano el interés de la familia como unidad. La ley contempla sus resguardos para una familia rota, no para una familia transformada, de manera que de los padres sólo uno podrá seguir funcionando como tal, mientras el otro quedará relegado a la pobre categoría de visitante. Las decisiones, serán ahora reemplazadas por la sentencia del Juez.[10]

La mediación en estos casos dejaría en una situación aún más peligrosa a la víctima, normalmente la mujer, ya que el procedimiento al que se encontraría sometida no contempla los resguardos a sus garantías de seguridad, de igualdad ante la ley, de un recurso efectivo ante los Tribunales competentes, etc. Y ello no porque el procedimiento de mediación sea en sí deficitario en estos aspectos, sino porque no está pensado para asuntos de las características de la violencia intrafamiliar.

La Comisión de Familia introdujo una modificación importante: eliminó la posibilidad de conciliar posiciones en aquellas materias en que estuviere prohibida la mediación por tratarse de asuntos de estricto orden público que debían ser resueltos privativamente por los Tribunales.  La Indicación no recogió, como en otras materias analizadas, las modificaciones introducidas por la Comisión de Familia al Proyecto y simplemente, eludió referirse expresamente a la procedencia de la

conciliación en relación con la mediación, lo que lleva a la conclusión que la primera se regirá supletoriamente por las normas del Código de Procedimiento Civil (artículos 262 y siguientes), en la medida que se trate de materias susceptibles de transacción, y que procederá independientemente del tipo de mediación obligatoria, facultativa o prohibida, a que estuviera sometido el asunto.

La mediación es un importante desafío para todos los involucrados en el sistema jurisdiccional. Representa un salto desde la lógica de juzgar a la de interceder, desde aplicar la ley a considerar primordialmente los intereses en juego, desde evaluar a facilitar, desde ordenar a acomodar y desde decidir a conciliar. Para los jueces particularmente, plantea el desafío de no ver en ella una amenaza a su autoridad de dictar fallos y de hacer declaraciones normativas públicas. Para los abogados, el de no considerarla un peligro a su medio de trabajo que se traducirá en una baja en la demanda de sus servicios.  Para los mediadores, el de responder a las expectativas de eficiencia, cualitativa y cuantitativa, en la solución de las controversias. Para los ciudadanos en general, el de no sentir afectados su dignidad y honor al tener que reconocer sus errores o hacer alguna concesión –aduce Turner-.

           Cuando hablamos de interrelaciones virtuales se hace referencia concreta a las relaciones sociales que se establecen a través de la red de redes, específicamente en el chateo, donde se compromete el concepto de realitas o realidad del paradigma moderno, en donde el concepto de interacción social mantiene indisoluble relación con el de intercambio social, de manera que el chatero percibe o siente la intensidad de las relaciones sociales que establece en su comunicación en un compromiso emocional. La percepción se traduce en aprehensión de vivencialidad, límite a la existencialidad en la relación sensorial de lo que se experimenta en la comunicación del chateo.

De esta manera, en términos de la intensidad de la interacción social, el usuario:
- Vive intensamente sentimientos y emociones;
- toma decisiones frente a las emociones internas que vivencia en la interacción del chateo;
- dedica tiempo constante al chat; perciobe con más o menos intensidad las relaciones establecidas en el chat;
- se plantea expectativas en las interacciones personales que se producen y se buscan.
- El usuario, además, percibe y vive cambios en su vida producto del chateo, utiliza otros medios de comunicación anexos que complementan la interacción, como el teléfono -principalmente-, vivenciándose igualmente sensaciones de compatibilidad o atracción entre las partes.
- Experimenta sensaciones de empatía transferida a través del texto de la conversación del chat, denominado compatibilidad o ciberquímica.
En cuanto el proceso de adicción y control a adicción al chateo, Chacón Calderón (2000) plantea que es un proceso de descontrol que los usuarios de internet pueden adquirir por su exceso de tiempo de nevegación en la red; los habituales a la red de redes y principalmente al chateo, tienden a sufrir síntomas de privación símiles a las adicciones tradicionalmente conocidas como obsesión, falta de control, negación del problema. Por lo general el mismo usuario de chat suele tomar medidas en la condición de adicto que va adquiriendo (se reconoce que este proceso no debiera durar un tiempo máximo de cinco meses; si es mayor, es preciso buscar ayuda profesional).

Ahora bien, el chateo como medio de comunicación social que re-crea la interacción social, está irredargüiblemente conectado al afecto y proceso de intercambio social.  En este pproceso, que pareciera ser más bien la búsqueda de adquisición de gratificación e utilidad intrínseca en la afectividad, se vivencian estados emocionales de diferente intensidad, que se refieren tanto a los cambios de actitud frente al chateo, a la percepción lúdica o de evasión; a la percepción de ampliación de mundo sociocultural; a la emocionalidad de la tempoespacialidad, que constituye una percepción interna en el usuario del paso del tiempo y del territorio o espacio en donde se encuentra.

Más aún, el sujeto como díada de cómputo (Morín, 1991) y egocentrismo, platea la autorreferencia como auto-exo-referencia, por cuanto al referise a sí mismo debe referirse al mundo externo, proceso constitutivo de la identidad subjetiva, de manera que en ese proceso el sujeto, en la intersubjetividad que promueve, sustenta y reafirma su en-sí y su en-mi, de suerte que re-adapta su piso de realidad de acuerdo a lo experiencial, más precisamente al cogito o conciencia, que es donde nos objetivamos nosotros mismos para resubjetivarnos en un bucle recursivo incesante (Op. cit. p. 81).  Así, en tanto la tempoespacialidad adquiere un carácter consustancialmente intrínseco a la percepción del sujeto en su proceso cognitivo, así la realidad se trasunta entre virtual y no-virtual en el chateo, de manera que lo real, concreto, aprehensible y determinante suele ser aquello que es palpable y constatable, objetivable en los términos racionales del concepto paradigmático de objetividad de la racionalidad moderna (No-Virtual o "real").  Y lo virtual suele devenir en aquello que es precisamente re-creado por el imaginario entificante del chateo, efecto de conciencia que el sistema del chat tiende a producir en el usuario,  que lo interna en un tiempo y en un espacio determinado en el proceso de interacción que está llevando.

En "El chat en internet: una nueva forma de interacción social".

pchc@chile.com

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